CGR objetó aporte de Peñaflor a proyecto privado de detección de disparos
La Contraloría concluyó que un aporte municipal comprometido en 2023 y aprobado en 2024 para un proyecto privado de detección de disparos excedía las atribuciones de seguridad comunal examinadas en ese caso. El dictamen antecede a la entrada en vigor de la ley N° 21.802, por lo que no debe extrapolarse sin revisar el nuevo marco jurídico.
Fecha del dictamen:
Al revisar actuaciones realizadas entre 2023 y 2024, la Contraloría concluyó que el aporte comprometido por la Municipalidad de Peñaflor a un proyecto privado de detección de disparos no se ajustaba al marco de atribuciones de seguridad pública comunal que examinó. El dictamen, emitido el 3 de agosto de 2026, no menciona la ley N° 21.802, cuya entrada en vigencia posterior debe tratarse como una actualización normativa externa y separada del pronunciamiento.
El análisis se apoyó en que la iniciativa correspondía a una empresa privada orientada a implementar un sistema de detección y georreferenciación de disparos. Aunque el propósito se vinculaba con la prevención de hechos de violencia, el órgano de control entendió que el financiamiento y ejecución de ese proyecto excedían las labores municipales permitidas en materia de seguridad comunal.
En el caso examinado, la Contraloría consideró relevante que el compromiso municipal se hubiera asumido en el contexto de una postulación a un concurso de ANID y que luego el concejo aprobara la transferencia del aporte comprometido. Con todo, el pronunciamiento no valida esa actuación, sino que concluye que no se advierte respaldo suficiente en las atribuciones legales del municipio.
En el caso concreto, el organismo instruyó iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas e informar del acto respectivo dentro del plazo señalado en el dictamen. Actualización normativa: la ley N° 21.802, vigente desde el 12 de agosto de 2026, amplió y reformuló determinadas funciones municipales de seguridad pública en el artículo 4°, letra j), de la ley N° 18.695 y reguló la colaboración con asociaciones municipales. Ello no supone que el aporte privado examinado haya quedado convalidado ni autoriza a extrapolar el criterio histórico a cualquier proyecto futuro sin examinar la habilitación legal y el mecanismo concreto.
Fuente documental: Contraloría General de la República, dictamen D398N26 de 2026-08-03; Boletín Jurídico septiembre de 2026, página 2. Ver enlace oficial en la ficha.